La cifra significa que aproximadamente el 48% de los trabajadores que deberían estar dentro del sistema no estaban alcanzados por la cobertura, una situación que plantea interrogantes sobre la formalización laboral y la capacidad del Estado para garantizar el cumplimiento de las obligaciones previsionales.

El dato adquiere mayor relevancia porque el IPS registró un crecimiento en la cantidad de cotizantes titulares. En diciembre de 2025 alcanzó 1.043.644 aportantes, frente a 983.803 registrados en 2024, un aumento cercano al 6%. Sin embargo, ese crecimiento todavía resulta insuficiente frente al universo total de trabajadores obligados.

El propio informe señala además que la cobertura del IPS representa apenas el 25,7% de la población total del país, mientras que frente a la población económicamente activa, ocupada y obligada llega al 52%.

Otro elemento que llama la atención es la composición salarial de los aportantes. La mayor cantidad se concentra entre quienes perciben más de un salario mínimo y hasta dos salarios mínimos, mientras que más de 200.000 aportantes figuran con ingresos inferiores a un salario mínimo.

El escenario abre un debate que va más allá de las estadísticas: ¿cuántos trabajadores están realmente formalizados y cuántos quedan fuera de un sistema que debería garantizarles protección social y previsional?

El crecimiento de los aportantes es un dato positivo, pero la brecha de cobertura continúa siendo uno de los principales desafíos del IPS. La situación también plantea interrogantes sobre la fiscalización de los empleadores, la informalidad y la sostenibilidad futura del sistema.

Para un país que busca ampliar el empleo formal y fortalecer su sistema de seguridad social, que casi la mitad de los trabajadores obligados no estén cubiertos constituye una señal que difícilmente pueda pasar desapercibida.

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